Tribunal Permanente de los Pueblos Condena a Repsol por Violación de Derechos Humanos y Atentado Contra Planeta

Tribunal Permanente de los Pueblos Condena a Repsol por Violación de Derechos Humanos y Atentado Contra Planeta
MADRID, 17/06/2007 00:03
EUROPA PRESS

El Tribunal Permanente de los Pueblos, tribunal de carácter no gubernamental -organizado por un compendio de organizaciones no gubernamentales como la Red Ciudadana por la Abolición de la Deuda Externa (RCADE), la plataforma Repsolmata, Ecologistas en Acción, Paz con Dignidad, IPES o la Unión Sindical Obrera (USO)- condenó ayer en Madrid a Repsol por violar los derechos humanos y atentar contra el planeta con sus actividades en España y Latinoamérica. La compañía manifestó su "absoluto rechazo" a estas acusaciones y esgrimió que su política de responsabilidad social corporativa, que le ha llevado “a invertir 30 millones de euros en protección de la biodiversidad y los derechos de los pueblos".

En opresencia de ocho testigos, a modo de juez, el coordinador del aula de derechos humanos de IPES, Mikel Berraondo; la abogada colombiana Rocío Bedoya, como fiscal, y la ambientalista Begoña Carrera, como 'abogado de la defensa', analizaron las acusaciones vertidas por los ponentes hasta concluir que Repsol YPF "contribuyó a la destrucción ambiental del planeta; incrementó el desplazamiento de poblaciones indígenas" y "continuó con el saqueo de recursos en los países del Sur", por lo que la condenaron a "restituir a las comunidades indígenas sus territorios" y "retirarse de las zonas donde la población local se lo requiera", además de "devolver la deuda ecológica".

Entre los hechos que se dieron por "probados" destaca la actividad de la petrolera en la región colombiana de Arauca, una población de unos 300.000 habitantes donde Repsol YPF mantiene actividades en solitario, en colaboración con la americana Oxy o en compendio con la estatal Ecopetrol. La zona, según el vocal de Paz con Dignidad, Pedro Ramiro, "superó en 2003-2004 todos los récords en número de asesinatos y violaciones de derechos humanos" respecto del resto.

El portavoz de las Organizaciones Sociales de Arauca, Adelso Gallo, tildó de "invasión" la presencia de Repsol en la región y denunció que "igual que todas las compañías petroleras" que operan allí, la española "tiene relaciones con los paramilitares" y "no hace nada sin consultarles" porque, afirmó, les utilizan para "garantizar su seguridad".

Así, destacó que se han producido "más de veinte masacres" en los territorios de explotación petrolera, orquestadas por los paramilitares y, en concreto, los de "la Brigada XVIII" que, según había apostillado Ramiro, recibieron como parte del 'Plan Colombia' "noventa millones de dólares para proteger el oleoducto" que circula por el norte de la región.

Este dinero habría sido directamente desviado por el Gobierno de los Estados Unidos en calidad se "subvención a la Brigada XVIII" para proteger los intereses de Oxy, con quien Repsol mantiene un acuerdo de explotación en la región, "como se le escapó a la embajadora americana" cuando, siempre según explicó Ramiro, habló de los proyectos que cubriría el citado plan de inversiones sobre el país latinoamericano.

Por su parte, el también 'testigo' Germán Suárez, representante del USO colombiano, afirmó que la citada brigada paramilitar recibió como encargo "vigilar a la USO para evitar que le vendieran a los trabajadores de Oxy y British Petroleum crear sindicatos en el campo de Caño Limón".

En declaraciones a Europa Press, fuentes de Repsol aseveraron que "en los treinta países en los que tiene presencia, mantiene políticas activas por las comunidades con más de 700 programas de acción social en marcha que incluyen desde microcréditos, hasta programas anti-sida, de agricultura y educación" que cuentan con un presupuesto de "más de treinta millones de euros".