La Justicia y la Impunidad
La Justicia y la Impunidad
Por, Pablo Mora
“Como los cargos objeto de imputación se encuentran probados, más allá de toda duda razonable, la sentencia es condenatoria”. Así lo dijo, César San Martín, presidente de la terna que asumió valorar el material probatorio y las argumentaciones de las partes en el proceso.
Luego de diecisiete años de lo de Barrios Altos y La Cantuta, una sala del denostado Poder Judicial aplicó la justicia burguesa, hasta donde pudo, sin que, por eso, cambie el carácter del Estado, ante el que comparecieron los deudos de las víctimas que encarnan al pueblo, independientemente de si fueron o no de Sendero o del MRTA. Cuatro delitos, veinticinco años de prisión en 711 folios, junto al informe de la CVR, serán en breve puestos a prueba cuando deban ser usados como precedente para juzgar y sentenciar, legalmente, al genocida García Pérez y, políticamente, a Belaunde Terry, fallecido. De no poderse, quedará demostrado, más allá de toda ingenua aspiración liberal, que “una gaviota no hace verano”.
Es sintomático que hoy, bajo el imperio del segundo mandato del genocida que nos gobernara del 85 al 90, se haya pronunciado la sentencia que condena al genocida que nos gobernó del 90 al 2000. Los crímenes de lessa humanidad ocurridos en ambos gobiernos, y en los otros, fueron y siguen siendo políticas de Estado, aplicadas, con matices desde comienzos del siglo XX, contra sectores populares beligerantes. Los crímenes nunca fueron, entre nosotros,”excesos” sino modos “no convencionales” de afrontar una guerra contra la Nación insurgente.
El asunto de las ejemplares garantías otorgadas al genocida no se condicen con las reglas excepcionales usadas al juzgar a trabajadores, revolucionarios o marxistas levantados contra la oligarquía proimperialista que nos gobierna : en ese caso, nada pudo ampararnos del “debido proceso” aplicado por jueces militares sin rostro en mérito al dicho de los soplones. Entonces, las sentencias no recogieron pruebas o indicios suficientes de hechos objetivamente consumados, sino la “inminencia de un daño potencial venido de la peligrosidad de los probables autores".
El exdictador, extraditado con todas las garantías nacionales e internacionales, está en una situación paradójica, pues resulta privilegiado comparado con los miles sentenciados por delitos calificados como “terrorismo” desde la ascensión reaganista, pero no lo es comparado con los presidentes e instituciones genocidas intocables, o con sus colaboradores civiles y militares impunes, detritus de la obediencia debida o del deber patriótico en el mejor sentido maquiavélico.
¿Esta peregrina sentencia querrá decir que podemos sentirnos seguros ante el Terror de Estado? ¿Será verdad que la impunidad burguesa se paga, que la verdad vence y que los ricos lloran? ¿Será que la nuestra ha dejado de ser una historia de la infamia? No. Por ello, conscientes de que la lucha contra todas las formas de la irracionalidad --venidas de la defensa de la propiedad privada y del capital con los instrumentos del poder político-militar- no tendrá descanso hasta que los trabajadores ejerzan el derecho a rebelarse con las armas de la verdad científica, la palabra crítica y comprometida y los medios del poder popular que deben construir en el camino, nos animamos al supremo deber histórico de pagar nuestra cuota contra el silencio y el terror impuesto hoy contra los sindicados, los partidos y los movimientos sociales acusados de terrorismo para quebrar todo trabajo organizativo entre las masas.
Sabemos que el camino es oscuro, zigzagueante y pedregoso, pero cuando vemos que es posible, con las armas insuficientes de la burguesía, en las condiciones del régimen fascistoide, condenar a uno de los tiranos, sabemos que es un deber ir por los que nos faltan, y que es posible salir del círculo vicioso de la utopía apoyados en las victorias parciales obtenidas cuando estas expresan una tendencia hecha realidad desafiando las adversidades y las ilusiones. Crezcamos para alegrarnos cuando paguen los que aún no pagan la vileza de frenar la vida con las artes de la muerte legalmente organizada. Miradas bien las cosas, esta sentencia no vindica a los muertos, sólo reivindica, entre líneas, la justeza de la gesta de los que luchan contra el sistema. Esta no es la victoria del sistema neoliberal o la del modo liberal de juzgamiento sino la del ideario de los caídos contra los especuladores de la banca de oro y los negocios redondos, donde no hay más santidad que la de los contratos-ley pactados a oscuras con las transnacionales.
Por, Pablo Mora
“Como los cargos objeto de imputación se encuentran probados, más allá de toda duda razonable, la sentencia es condenatoria”. Así lo dijo, César San Martín, presidente de la terna que asumió valorar el material probatorio y las argumentaciones de las partes en el proceso.
Luego de diecisiete años de lo de Barrios Altos y La Cantuta, una sala del denostado Poder Judicial aplicó la justicia burguesa, hasta donde pudo, sin que, por eso, cambie el carácter del Estado, ante el que comparecieron los deudos de las víctimas que encarnan al pueblo, independientemente de si fueron o no de Sendero o del MRTA. Cuatro delitos, veinticinco años de prisión en 711 folios, junto al informe de la CVR, serán en breve puestos a prueba cuando deban ser usados como precedente para juzgar y sentenciar, legalmente, al genocida García Pérez y, políticamente, a Belaunde Terry, fallecido. De no poderse, quedará demostrado, más allá de toda ingenua aspiración liberal, que “una gaviota no hace verano”.
Es sintomático que hoy, bajo el imperio del segundo mandato del genocida que nos gobernara del 85 al 90, se haya pronunciado la sentencia que condena al genocida que nos gobernó del 90 al 2000. Los crímenes de lessa humanidad ocurridos en ambos gobiernos, y en los otros, fueron y siguen siendo políticas de Estado, aplicadas, con matices desde comienzos del siglo XX, contra sectores populares beligerantes. Los crímenes nunca fueron, entre nosotros,”excesos” sino modos “no convencionales” de afrontar una guerra contra la Nación insurgente.
El asunto de las ejemplares garantías otorgadas al genocida no se condicen con las reglas excepcionales usadas al juzgar a trabajadores, revolucionarios o marxistas levantados contra la oligarquía proimperialista que nos gobierna : en ese caso, nada pudo ampararnos del “debido proceso” aplicado por jueces militares sin rostro en mérito al dicho de los soplones. Entonces, las sentencias no recogieron pruebas o indicios suficientes de hechos objetivamente consumados, sino la “inminencia de un daño potencial venido de la peligrosidad de los probables autores".
El exdictador, extraditado con todas las garantías nacionales e internacionales, está en una situación paradójica, pues resulta privilegiado comparado con los miles sentenciados por delitos calificados como “terrorismo” desde la ascensión reaganista, pero no lo es comparado con los presidentes e instituciones genocidas intocables, o con sus colaboradores civiles y militares impunes, detritus de la obediencia debida o del deber patriótico en el mejor sentido maquiavélico.
¿Esta peregrina sentencia querrá decir que podemos sentirnos seguros ante el Terror de Estado? ¿Será verdad que la impunidad burguesa se paga, que la verdad vence y que los ricos lloran? ¿Será que la nuestra ha dejado de ser una historia de la infamia? No. Por ello, conscientes de que la lucha contra todas las formas de la irracionalidad --venidas de la defensa de la propiedad privada y del capital con los instrumentos del poder político-militar- no tendrá descanso hasta que los trabajadores ejerzan el derecho a rebelarse con las armas de la verdad científica, la palabra crítica y comprometida y los medios del poder popular que deben construir en el camino, nos animamos al supremo deber histórico de pagar nuestra cuota contra el silencio y el terror impuesto hoy contra los sindicados, los partidos y los movimientos sociales acusados de terrorismo para quebrar todo trabajo organizativo entre las masas.
Sabemos que el camino es oscuro, zigzagueante y pedregoso, pero cuando vemos que es posible, con las armas insuficientes de la burguesía, en las condiciones del régimen fascistoide, condenar a uno de los tiranos, sabemos que es un deber ir por los que nos faltan, y que es posible salir del círculo vicioso de la utopía apoyados en las victorias parciales obtenidas cuando estas expresan una tendencia hecha realidad desafiando las adversidades y las ilusiones. Crezcamos para alegrarnos cuando paguen los que aún no pagan la vileza de frenar la vida con las artes de la muerte legalmente organizada. Miradas bien las cosas, esta sentencia no vindica a los muertos, sólo reivindica, entre líneas, la justeza de la gesta de los que luchan contra el sistema. Esta no es la victoria del sistema neoliberal o la del modo liberal de juzgamiento sino la del ideario de los caídos contra los especuladores de la banca de oro y los negocios redondos, donde no hay más santidad que la de los contratos-ley pactados a oscuras con las transnacionales.
Desenmascarar las leyes es un deber de los marxistas, pero lo es más acorralar a los que están próxima y remotamente detrás de ellas. La tarea no es sólo traerse abajo al fujimorismo sin Fujimori o con Fujimori, o al modelo neoliberal o keynessiano, que cae en picada pese a los esfuerzos conjuntos de la burguesía internacional, sino resolver de una vez por todas las contradicciones y los efectos de los sistemas que, como el capitalista, están basados en la explotación y la expoliación de unos hombres a manos de otros. Eso lo conseguiremos unidos, cuando tengamos en claro lo que nos une. Porque la lucha no la hace un hombre es necesario educarnos con las armas de la crítica, organizando la acción política conforme a metas y objetivos tácticos y estratégicos sistematizados a partir de la experiencia internacional y nacional acumulada contra el tirano universal. Basta de fracciones y de silencio. El comunismo no es un sueño, es el destino de la humanidad emancipada de sus dueños.
Dejemos el culto a la personalidad, la historia no la hacen los individuos sino las masas. Dejemos de endiosar a los juristas que aparecen en la foto como principistas pero que son, con el conjunto de los embaucadores del oportunismo político, los mismos que le proponen a los trabajadores lo imposible : corregir a la gran propiedad y al poder político-militar sin salirse ni una coma del sistema. Dejémosles emborracharse con la presunta fortaleza del liberalismo simplón, pero no les dejemos sembrar ilusiones en la francachela mediática de una victoria apenas parcial y provisional, a la que pondremos a prueba frente a las masas exigiendo : que pase el próximo y el que sigue.
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