El crimen sí paga?

A Propósito de la absolución de Olmert

Facundo Bazán

Ante las conclusiones evacuadas por el Informe Winograd de la comisión dirigida por el juez del mismo nombre, constituida para analizar la responsabilidad de las instituciones israelíes durante las sesenta horas finales de la invasión al Líbano en el 2006, el primer ministro israelí, Ehud Olmert, "emocionado hasta las lágrimas", se consideró absuelto y bien librado del "estigma". Según el informe "la decisión autorizada por el Gobierno, tomada justo antes de entrar en vigor la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, que ponía fin al enfrentamiento, fue casi inevitable, aunque no lograra ninguno de sus objetivos militares potenciales".

Toda esta parodia nos recuerda lo que ha sucedido cada vez que un asesino internacional de cuello y corbata ha sido interdictado para comparecer, declarar y pagar por los estropicios cometidos contra los derechos y demandas de naciones vecinas, colonias, minorías étinicas, movimientos ciudadanos contestatarios, levantamientos y revueltas populares, o líderes de oposición, peligrosamente consecuentes. Siempre e invariablemente los escenarios de sus juzgamientos se convirtieron anodinamente en púlpitos para exculparles o instrumentar condenas irrisorias, atenuadas, impracticadas, o tan extrañamente expeditivas que dan la impresión de que ser ejecutadas para que nadie escuche más, como en Yugoeslavia o Irak.

Los casos de casi todos ellos son patentes; de los últimos, los de Pinochet, Belaunde, Stroessner, Bordaberry, López Rega, Videla, García y Fujimori, son los más elocuentes. Unos son muy viejos para ser juzgados o sentenciados, en otros la condena es considerada más “contraproducentes” que daño hecho, de cara a supuestas consecuencias sociales, y otros de ellos son tan elusivos o están tan blindados por sus amos internacionales que son inalcanzables, o simplemente no tienen memoria o no les da la gana hablar, como en los casos cómicos de Fujimori y Montesinos.

Todos los pueblos del mundo aspiran a que las instituciones dedicadas a impartir justicia en los planos privado y público, nacional e internacional, pudieran estar por encima de las formas políticas, económicas, mediáticas e ideológicas en que encarna el poder oculto pero explícito que las y nos gobierna, pero ello no es así aunque se trate de un motivo y una bandera evidentes.

Todos los pueblos del mundo aspiran a perfeccionar la realidad, y las normas que la regulan, en la búsqueda de un sentido permanentemente progresivo de la justicia para cada caso, sin la necesidad de verse forzados a responder a la irracionalidad del mismo modo; pero esos pueblos saben también que aunque ese sea el sentido de su lucha cotidiana, ello no es posible mientras históricamente las instituciones en que se concretan los Estados Nacionales o sus homólogos internacionales sean preeminentes respecto de la sociedad civil, a quien dicen representar y servir.

Toda vez y cada vez que el Estado se divorcie de las fuerzas renovadoras que actúan desde la Sociedad Civil, o se superponga o anteponga a ellas, estas mismas, más tarde o más temprano, acabarán señalándole, denunciándole, aislándole y liquidándole como al obstáculos que les separa de sus aspiraciones y motivaciones, individuales, institucionales, comunitarias y universales.

En ello consiste el salto superador, negador o auto-productivo que hombres y sociedades venimos encarando históricamente al pasar de la inercia inconsciente a la consistencia sistemática de una determinación que organiza consecuentemente el cambio.

Exorcizar a la cultura -que nos expresa a todos- de los demonios que la han convertido en la memoria de una estela fratricida es condición ineludible para no sacrifica al Otro en pos del poder efímero de individuos, clases y naciones retrógradas.