Liberalizar el comercio alimentario es un crimen

Por Mauricio San Miguel

A causa de que la subida de los precios alimentarios empieza a provocar graves disturbios socio-políticos, e incluso militares, en países como en Egipto, Haití, Camerún, Níger, Burkina, Indonesia y Filipinas, representantes de Estado, autoridades financieras y especialistas en desarrollo respondieron a la ONU aceptando el inminente riesgo de que esos disturbios se extiendan, en las actuales condiciones, por el mundo entero a menos que se tomen medidas urgentes para contener esa alza incesante.

En reciente informe, Evaluación Internacional de las Ciencias y Tecnología de la Agricultura para el Desarrollo (IAASTD), aceptó finalmente que el aumento de la agricultura intensiva orientada a la exportación tenía graves implicaciones sociales y medioambientales, incluida la predación de nutrientes de suelo y agua, así como la instauración de “pseudo condiciones de promoción flexible” que no son otra cosa que condiciones laborales de lamentable explotación.

Que la entidad donde se encuentran la FAO y la OMS de la ONU, pese a tener como patrocinador al Banco Mundial, diga que el incremento la producción agrícola es injustamente distribuido con el actual sistema, que únicamente aumenta la brecha entre ricos y pobres, significa que discursos como los de Thomas Pogge acerca de justicia global empiezan a imponerse junto a la innegable y dantesca proporción del hambre en las condiciones del nuevo crack internacional y del gravísimo deterioro ambiental y del agua.

Que, pese a las maniobras de gallinazos como la Monsanto y la OMC, pueda afirmarse que la liberalización del comercio de alimentos perjudica de hecho a los países coloniales, básicamente precapitalistas, descubre y echa por tierra cualquier discurso reformista acerca del diseño e implementación de modelos para aliviar la pobreza y el daño ambiental.

Ante este informe, sesenta gobiernos se han polarizado en una manifestación más de laagudización de la lucha de clases a nivel internacional. Brasil, China, Francia y la India han aprobado el informe, mientras que EEUU, Australia y Canadá presentarán reservas contra él, como se espera haga también el Reino Unido.